Me pregunto qué ocurriría si yo cometo un error. Pero un error de los gordos. O sea, cagarla a lo grande, porque cuando uno hace algo que deba pagar caro, es porque no ha cometido un disparate grácil, sino más bien trascendente. Posiblemente, iría a la cárcel. O quizá habría de pagar una sustanciosa cantidad de dinero para sufragar el error cometido. Capital que, por supuesto, saldría de mi bolsillo. Sin embargo, les exhorto a imaginar que quien comete esa incorrección es una administración pública. Les juro por mis paños de entonces que, de hecho, la gerencia no pagaría ni un euro. Al menos, no saldría el peculio del bolsillo de ningún responsable de la fechoría, sino del de todos los ciudadanos, y ninguno de los desacertados iría a la cárcel (salvo cuando se enriquece con el ladrillo y es del partido contrario).
Pues eso es lo que ha ocurrido con la Junta de Andalucía y el Juzgado de Familia 17 de Sevilla, que por un error (manda huevos)) retiró a Carmen Espejo la custodia de sus dos hijas, quien manifestó en rueda de prensa el pasado miércoles 15 haber vivido durante los seis años que la Junta le arrebató a sus hijas, un infierno. Ha padecido depresión, dolor en el corazón y ha llorado lágrimas de sangre pensando en lo que una madre y un padre más quieren en este mundo, sus hijos. Yo no encuentro tampoco consuelo cuando leo la nota de EFE, y créanme si les digo que lo que se le pasa a uno por la cabeza no es sancionar o pedir indemnización alguna, sino cárcel para el responsable hasta que se pusiera en huelga de hambre y el gobierno le redimiese la condena. Ya sé que lo que he dicho es una salvajada, pero no es menos cierto que, si personalizamos el asunto y nos ponemos en el supuesto de que nos arrebatan a nuestros hijos por un puto error y al cabo de dos o más años nos piden disculpas, se mea la perra, muá, por esta.
“Soy una mujer nueva desde que me dieron a mis hijas”, dice Carmen, entre sollozos, “y cuando abro la puerta de su habitación y veo las camas llenas, me da una alegría tan grande que me parece otra casa, otra vida…”, relata Carmen, ante los medios de comunicación. Esta mujer ahora feliz, dijo también no haber tirado nunca la toalla, e hizo un llamamiento a esas familias que, aún hoy, perviven alojadas en el dolor más profundo al vislumbrar un hogar vacío, quizá, por los resbalones cometidos por las administraciones, ya no sólo andaluza, sino de todo el territorio nacional. Carmen, que hizo lo indecible para que sus niñas, al menos, pudieran estar juntas (porque esa es otra, las hermanas permanecieron separadas) y se pudiesen dar apoyo una a la otra, no mostró rencor hacia Bienestar Social de Sevilla ni hacia el juzgado 17 de Familia que dio el topetazo. Pero al abogado de esta madre le irritó que, en ningún momento, “hasta la fecha”, puntualiza, no haya rectificado la Consejería, “consintiendo así, la impunidad y la indefensión”, subrayó. Una de las niñas, la pequeña, es retrasada mental, y la enviaron a un centro; a la mayor la dieron en régimen preadoptivo a otra familia. “Le hicieron ver a mi hija la mayor, que yo había muerto”, recuerda Carmen, con la mirada hundida en la pared del infinito. Pero aquí no acaba la cosa. Ahora, la familia que tuvo a la hija mayor de Carmen, ha recurrido en el Tribunal Constitucional derechos de visitas. Pero la sentencia de este mes de la Audiencia de Sevilla, ha imposibilitado cualquier contacto con la niña, aun así, la otra familia ha demandado, por si fuera poco, a Carmen Espejo ante el Juzgado 17 de Sevilla, el mismo que metió la pata hasta el jarrete. No sé qué pensará usted, pero le aseguro que en mis años de dedicación a la labor de registrar lágrimas (y son algo más de tres lustros) que todas juntas crean un río, he podido entrever la cantidad de injusticias que se comenten a diario muriendo impunes en la lejanía del tiempo, ése que nos solventa sucumbir con una pena clavada en el pecho, y que esto ocurra en siglo XXI, me da vergüenza.
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